Preguntas Frecuentes

Se considera residente fiscal en España a quien permanezca más de 183 días al año en territorio español, contados desde el 1 de enero de cada año natural, o cuando España sea el centro de sus intereses económicos o vitales (por ejemplo, si su cónyuge o hijos menores residen en España). Es importante planificar el momento del traslado con antelación, ya que el cambio de residencia fiscal tiene implicaciones directas en ambos países.

La Ley Beckham (régimen especial de impatriados) permite tributar como no residente durante los primeros 6 años tras el traslado a España. Esto significa un tipo fijo del 24% sobre rentas del trabajo hasta 600.000 € anuales, y los ingresos obtenidos en el extranjero quedan exentos de tributación en España. Para acogerse, es necesario no haber sido residente fiscal en España en los últimos 5 años y que exista un motivo laboral o empresarial vinculado al traslado. El plazo para solicitar el alta es de 6 meses desde el inicio de la actividad.

La Wegzugsbesteuerung (impuesto de salida alemán, § 6 AStG) es un impuesto que grava la posible venta de participaciones societarias para evitar la evasión fiscal. Se aplica a las plusvalías latentes de participaciones superiores al 1% cuando se traslada la residencia fiscal fuera de Alemania, y afecta a quienes han sido residentes fiscales en Alemania al menos 7 de los últimos 12 años. Al trasladarse a un país de la UE como España, es posible obtener un aplazamiento del pago, pero es imprescindible planificarlo antes del traslado y, en muchos casos, constituir garantías.

Sí. Los residentes fiscales en España están obligados a presentar el Modelo 720 si poseen bienes en el extranjero cuyo valor supere los 50.000 € en cualquiera de estas categorías: cuentas bancarias, valores y participaciones, o bienes inmuebles. El plazo de presentación es del 1 de enero al 31 de marzo de cada año. Una vez presentada la primera declaración, solo es obligatorio volver a presentarla si hay un incremento superior a 20.000 € respecto a la última declaración. No hacerlo puede acarrear sanciones.

Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Si usted dirige efectivamente su empresa alemana desde España (toma decisiones, firma contratos, gestiona clientes), Hacienda española podría considerar que la empresa tiene un establecimiento permanente en España y exigir tributación aquí. Es fundamental analizar cada caso y estructurar correctamente la relación entre el empresario residente en España y la sociedad alemana.

Desde la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022), ya no es necesario aportar un capital social mínimo de 3.000 € — es posible constituir una SL desde tan solo 1 €. Los requisitos son: disponer de NIE o DNI para cada socio y administrador, una dirección social en España, obtener el certificado negativo de denominación social del Registro Mercantil Central y otorgar escritura ante Notario. La apertura de cuenta bancaria de la sociedad puede hacerse a posteriori.

Una vez constituida, los administradores y socios con más del 25% que trabajen efectivamente en la empresa deben darse de alta en la Seguridad Social española. Alternativamente, si cotizan en la seguridad social de su país de origen, deben acreditar anualmente el correspondiente Certificado A1. Si todos los documentos están listos, el proceso puede completarse en 5 días hábiles a través del sistema CIRCE.

El autónomo (Einzelunternehmer) responde con todo su patrimonio personal y sus obligaciones contables se limitan a llevar libros de facturas emitidas y recibidas, sin necesidad de otros libros contables. La SL (equivalente a la GmbH alemana) limita la responsabilidad al capital aportado, pero está obligada a llevar contabilidad completa: libro diario, balances, y además debe inscribir las cuentas anuales y libros oficiales en el Registro Mercantil cada año.

Desde el punto de vista fiscal, la SL suele ser más ventajosa a partir de unos 50.000–60.000 € de beneficio anual, ya que el Impuesto de Sociedades para pymes es del 24% en 2025 (15% los dos primeros años con beneficios para entidades de nueva creación), frente al IRPF progresivo que puede llegar al 47%.

La sucursal no tiene personalidad jurídica propia — es una extensión de la empresa matriz extranjera, que responde ilimitadamente. No requiere capital mínimo. La filial (SL) es una sociedad española independiente con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada al capital social.

Fiscalmente, ambas tributan de forma similar en España, pero la estructura societaria, la contabilidad y las obligaciones formales difieren significativamente. El tiempo de constitución de una sucursal es mucho mayor (6 meses a 1 año, dependiendo del Registro Mercantil) que el de una SL (5 días hábiles).

El NIE (Número de Identidad de Extranjero) es el número de identificación fiscal para extranjeros en España. Es imprescindible para cualquier actividad económica: abrir una cuenta bancaria, comprar un inmueble, constituir una empresa o darse de alta como autónomo. Se solicita en la Policía Nacional (en España) o en los consulados españoles (desde el extranjero). El plazo de obtención varía entre 2 semanas y 1 mes dependiendo de la época del año.

El certificado digital (firma electrónica) es su identidad digital ante las administraciones públicas españolas. Sin él, no podrá presentar impuestos online, gestionar la Seguridad Social, recibir notificaciones electrónicas de Hacienda ni realizar la mayoría de trámites con la AEAT. Es uno de los primeros documentos que todo empresario extranjero debe obtener al establecerse en España.

Las principales obligaciones son: IVA (21% general, presentación trimestral con el Modelo 303), Impuesto de Sociedades (tipo general del 25% para grandes empresas; 24% para pymes en 2025 bajando al 23% en 2026; 21–22% para micropymes en 2025; y 15% los dos primeros años con beneficios para entidades de nueva creación), retenciones de IRPF sobre nóminas y facturas de profesionales (Modelos 111 y 115, trimestrales), y las declaraciones informativas anuales. Además, hay obligaciones mercantiles como el depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Para empresas y autónomos con facturación inferior a 6 millones de euros anuales, las declaraciones son trimestrales (enero, abril, julio y octubre) más resúmenes anuales en enero. Las grandes empresas (más de 6 millones) tienen obligaciones mensuales. El Impuesto de Sociedades se presenta anualmente en julio (para ejercicios que coinciden con el año natural).

Sí. Las sociedades (SL, SA) están obligadas a llevar contabilidad según el Plan General Contable español, incluyendo libro diario, libro de inventarios, cuentas anuales y libros de IVA. Los autónomos en estimación directa deben llevar libros de facturas emitidas y recibidas, pero no están obligados a llevar otros libros contables. Los libros pueden elaborarse en otro idioma, pero las cuentas anuales deben presentarse en español.

Sí, es perfectamente posible y legal. La contabilidad, la preparación de impuestos y la gestión administrativa pueden realizarse de forma telemática desde cualquier lugar, siempre que se disponga del certificado digital y se cumplan las obligaciones fiscales españolas. Es una práctica habitual para empresas extranjeras con filiales o sucursales en España.

Los no residentes con propiedades en España deben presentar el Modelo 210 anualmente. Si el inmueble está alquilado, se tributa al 19% (residentes UE) sobre los rendimientos netos. Si no está alquilado, se aplica una imputación de rentas del 1,1% del valor catastral, también al 19%. Hay que presentar un modelo por cada persona titular y por cada referencia catastral.

Sí, desde la reforma de la Ley de Startups de 2022, el régimen se extendió a administradores de sociedades, emprendedores con actividad económica en España y profesionales altamente cualificados. La anterior restricción que impedía acogerse a administradores con una participación superior al 25% del capital social fue eliminada. Esa limitación del 25% solo se mantiene para administradores de sociedades patrimoniales (aquellas cuyo activo está constituido mayoritariamente por valores o bienes no afectos a actividad económica).

Bajo la Ley Beckham, solo tributa en España la renta obtenida en territorio español. Las rentas del extranjero (dividendos, alquileres, ganancias patrimoniales fuera de España) quedan exentas de tributación en España durante los 6 años de vigencia del régimen. Además, respecto al Impuesto sobre el Patrimonio, solo se grava el patrimonio situado en España, no el mundial.

Sí. El Convenio para evitar la Doble Imposición (CDI) entre España y Alemania determina qué país tiene derecho a gravar cada tipo de renta (salarios, dividendos, intereses, alquileres, pensiones, ganancias patrimoniales). Su correcta aplicación es fundamental para evitar pagar impuestos dos veces por la misma renta. Es uno de los aspectos que requiere un análisis individualizado por un profesional que conozca ambos sistemas fiscales.

Depende. Si deja de ser residente fiscal en Alemania, en principio solo tributará allí por las rentas de fuente alemana (por ejemplo, alquileres de inmuebles en Alemania, dividendos de empresas alemanas).

Un caso particular son los pensionistas alemanes: Alemania retiene un 5% de IRPF sobre la pensión, y ese 5% se integra posteriormente en la declaración de IRPF española. El pensionista debe darse de alta en el Finanzamt Neubrandenburg (la Agencia Tributaria alemana específica para pensionistas residentes en el extranjero).

Si compra un inmueble de segunda mano a un particular, paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que en Baleares oscila entre el 8% y el 13% según el precio. Si compra una obra nueva a un promotor, paga IVA al 10% más un 1,2% de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Adicionalmente hay gastos de Notaría, Registro de la Propiedad y gestoría.

En Baleares, desde 2024, la exención (Freibetrag) del Impuesto sobre el Patrimonio es de 3.000.000 € por persona. Además, la vivienda habitual tiene una reducción adicional de hasta 300.000 €. Para no residentes, solo se grava el patrimonio situado en España. Para los acogidos a la Ley Beckham, igualmente solo se grava el patrimonio en territorio español.

Desde julio de 2023, las herencias y donaciones entre cónyuges, hijos y padres en Baleares están bonificadas al 100% para residentes, lo que las hace prácticamente exentas.

En Susan Cabot SLU prestamos todos nuestros servicios en español, alemán e inglés. La comunicación con la Administración tributaria española es siempre en español, pero toda la interlocución con el cliente, las explicaciones, informes y reuniones se realizan en el idioma que el cliente prefiera.

La gran mayoría de trámites se realizan de forma completamente telemática. La obtención del NIE, ciertos trámites de firma digital y la visita al Notario para la constitución de una SL sí requieren presencia física (propia o mediante apoderado). Si reside en Alemania y está planificando su traslado, podemos iniciar todo el proceso de forma remota y coordinar las visitas presenciales necesarias.

Si va a desarrollar una actividad económica, debe darse de alta en el censo de empresarios (Modelo 036/037) antes de iniciar la actividad. Para la Ley Beckham, el plazo es de 6 meses desde el inicio de la actividad laboral o empresarial en España. Para el empadronamiento y la inscripción en el registro de extranjeros, los plazos son de 3 meses desde la llegada para ciudadanos de la UE.

Los honorarios varían según el tipo de servicio y la complejidad de cada caso. En Susan Cabot SLU trabajamos con tarifas claras y sin sorpresas. Puede consultar nuestros honorarios orientativos en la página de tarifas de esta web.

VERI*FACTU es el nuevo sistema de facturación electrónica verificable que la AEAT está implantando progresivamente en España. Lo que es obligatorio es disponer de un sistema de facturación verificable que genere registros de facturación conformes con la normativa — no es obligatorio enviar automáticamente esos registros a la AEAT, aunque el sistema debe estar preparado para hacerlo si la Administración lo requiere. Afecta a todos los empresarios y profesionales que emitan facturas en España. Es importante asegurarse de que su software de facturación cumple con los requisitos antes de la fecha límite de implantación.